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MENTIRAS Y VERDADES SOBRE EL SUBSIDIO A LOS COMBUSTIBLES





Desde mediados de la década de los 90’ se instituyó la política de determinación de precios de los combustibles bajo objetivos fundamentalmente fiscales, lo que fue evidente cuando en la Ley 44 Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, expedida en noviembre de 1993, y en Reglamento dictado por el Ejecutivo en enero de 1994, se transfirió la competencia del Ministerio de Energía de entonces al Ministerio de Finanzas, para fijar los precios de venta en terminales. Es decir, se abandonaban los procedimientos técnicos para vincular los niveles de precios de combustibles a las necesidades de financiamiento público. La Ministra de Finanzas de la época, Ana Lucía Armijos, sostenía obstinadamente que la referencia debían ser los precios internacionales. Plena arremetida neoliberal.


Luego, en los mismos gobiernos alineados con esa doctrina, surgió el uso y el abuso del término “subsidio”, para justificar aumentos de precios, especialmente en las gasolinas, cuyo rendimiento neto va totalmente al Presupuesto del Estado.


Existen diferencias negativas entre precios de venta internos y los de importación solo en el gas – GLP y en diésel, derivados cuya producción local es insuficiente y se requieren volúmenes representativos de importación, pero los valores de tales diferencias están cubiertos por los excedentes que generan la comercialización de gasolinas, por tanto, se trata de subsidios cruzados. No son carga para el Estado[1].


Con esas consideraciones, el gobierno anterior evitó eliminar estos subsidios mediante precios, más bien fomentó el uso alternativo de combustibles para reducir el consumo de gas doméstico y de diésel para la energía termoeléctrica, sustituyéndola por la hidroeléctrica.

El detalle de los supuestos subsidios a los combustibles apareció en la publicación denominada Cifras del Presupuesto General del Estado 2018 uno de los documentos explicativos de la Proforma 2018. En la página 14 de ese artículo se anota lo que institucionalmente se consideran subsidios; en la página 15 se enlista lo correspondiente a Combustibles con los siguientes conceptos y valores:

- Diesel importado ……… US$ 899,30 millones

- GLP importado …………. US$ 380,30 “

- GLP nacional …………….. US$ 87,88 “

- NAFTA importada …….. US$ 258,91 “

- Otros importados …….. US$ 90,66 “


SUMAN US$ 1.707,04 millones


Como al momento de elaborar esa Proforma, 2018, no había aún la decisión de elevar precios, se difundieron cifras que se pueden considerar reales, resultantes de procesos técnicos contables de Petroecuador. En esta lista de subsidios no aparecen las gasolinas Extra ni Eco-país, para las cuales, seguramente no se importa ni el producto terminado ni insumo alguno. Para esos se repotenció la Refinería de Esmeraldas, para abastecer totalmente al mercado interno. La NAFTA se importa para elevar el octanaje de la gasolina Super, por lo que constituye un insumo comprendido en los costos de producción.


No son creíbles, por tanto, las cifras de subsidios sobre gasolinas que publica la prensa en los últimos meses, manipulando el concepto, para justificar el aumento de precios, primero la Super, en agosto de 2018, de 2,26 a 2,98 dólares por galón, luego la Extra y Eco-país, con decreto de 21 de diciembre de 2018, que pasa de 1,48 a 1,85 dólares ´por galón; en el mismo decreto se deja flotante el precio de la Super, que, de inicio, pasó a 3,10 dólares por galón en la mayoría de las gasolineras. Incertidumbre para los usuarios.


Con este ardid, se usa el recurso de la década de los noventa: comparar y acercar a precios internacionales. Así, arbitrariamente, a la diferencia entre los precios de venta interna de cada derivado y los que se cobran, sobre todo en el mercado norteamericano, se la llama “subsidio”.


Es verdad que el valor del crudo para refinerías es menor que el precio del crudo para exportación, pero se trata de un petróleo que es nuestro, que pertenece al pueblo, de un bien que estamos produciendo, tanto como del resto de productos que exportamos: banano, cacao, camarones, flores; no se puede esperar que el consumidor local pague el precio internacional al adquirir cualquiera de esos productos.


Para la Proforma Presupuestaria de 2019 se omitió el documento explicativo de la Proforma 2018, por lo tanto, no hay información, diría técnica, de las importaciones de combustibles denominados “subsidios”. En el cuadro Consolidado Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento, se registra la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD), por un valor de US$ 4.841,41 millones[2] conformada por ingresos y gastos que totalizan la misma cifra. En ingresos, la partida se denomina “Transferencias y donaciones corrientes”, es decir, lo que se prevé que transfiera Petroecuador por concepto de Saldo neto - o excedentes - de la venta de combustibles para el Presupuesto del Estado. La diferencia entre este valor y lo que costarían las importaciones de derivados, en este año menos de US$1.700 millones de dólares, por menores precios del crudo, es enorme. Entonces, ¿dónde está el “subsidio” si el rendimiento de la venta – algo de lo que no se habla – es bastante mayor que todos los costos?


Un dato más, el precio promedio de la gasolina de alto octanaje, en 250 ciudades de Estados Unidos fue de US$ 0,7 por litro que, convertido a galón totaliza US$ 2,65, al 24 de diciembre de 2018; para la primera semana de enero de 2019 se presume en US$ 0.69 el valor del litro, resultando US$2,65 por galón, según información publicada en la página de internet GoblaPetrolPrices.com. O sea que estamos excediendo ese precio externo con el fijado en alrededor de 3 dólares para la gasolina Super.


De las cifras y consideraciones expuestas, y, aún de reflexiones elementales, se puede calificar de altamente burda la afirmación del Ministro de Economía y Finanzas, de que al país le ha costado alrededor de US$ 50.000 millones el “subsidio” a los combustibles concedido en los 10 años del gobierno anterior. Ni que todos los productos derivados del petróleo se hubieran entregado gratuitamente al consumidor.


Para tranquilidad nacional, es preciso que se retomen los procedimientos técnicos que determinan los precios de estos productos que son de consumo masivo e inelástico al precio; es decir, sin posibilidad de defensa para el consumidor; además, de incidencia progresiva en los niveles de inflación. Que se entregue la información que sí estuvo disponible en gobiernos anteriores para disponer de valores actualizados; y que se exponga la verdad, los subsidios en el conjunto de combustibles no existen, producen excedentes. La elevación de precios obedece simplemente al propósito fiscalista de aumentar ingresos presupuestarios.


Piedad Mancero

31 – 12 - 2018

[1] En un estudio sobre los ingresos del Presupuesto por venta interna de derivados del petróleo, realizado en junio de 2001, sobre la base de cifras de Petroecuador presentadas en el Justificativo de ingresos de la Proforma de Presupuesto para 2001, se establece que el saldo neto que entregará la empresa por la gasolina Super al Presupuesto es del 75% del valor de la venta total, con un precio de US$ 1,2 por galón, en terminal. En la totalidad de ingresos por venta interna de derivados la participación calculada del Presupuesto del Estado era del 43,4%; esto es luego de cubrir los costos de producción, los impuestos y el valor de todas las importaciones requeridas, tanto para la producción, cuanto para la comercialización.


[2] Esta cifra no se suma al monto de la Proforma como sucedía en años anteriores porque, según nota explicativa “los estándares internacionales sugieren que la forma correcta de comparar los Presupuestos de un país es sin esta cuenta CFDD, porque de esta manera, la Proforma presenta todo lo referente a la operación del Gobierno Central y Universidades”. Sin embargo, este procedimiento permite aparentar un menor monto del presupuesto, pero se opone al ART. 292 de la Constitución Política del Estado que ordena que el Presupuesto General del Estado debe incluir todos los ingresos del sector público, con excepciones entre las cuales no están los recursos monetarios por comercialización interna de derivados del petróleo. Disposición que también consta en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

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