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LA REACTIVACIÓN DEL AGRO EN LA LISTA DE ESPERA: Análisis del proyecto de ley económico urgente



Poco se habla de la situación que viven miles de habitantes del sector rural cuya economía depende de las actividades agrícolas. Si bien es cierto que, la vulnerabilidad del sector agropecuario, en gran parte, obedece a los problemas estructurales del campo –concentración de los medios de producción: tierra, agua, capital, déficit de infraestructura agrícola y pobreza rural, principalmente– en esta ocasión me referiré únicamente a los problemas derivados de las fallas de mercado, excesos en intermediación y el escaso acceso a los mercados por parte de los pequeños y medianos productores vinculados a la producción lechera, maicera, arrocera, cacaotera, bananera, entre otros.


El pasado 24 de mayo de 2018, el Presidente Lenin Moreno envió a la Asamblea Nacional su proyecto de ley económico urgente denominada Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. El proyecto de ley contiene 45 artículos que reforman a 19 cuerpos legales, 7 disposiciones generales, 14 disposiciones transitorias y 1 disposición final. El proyecto de ley contempla capítulos que se enmarcar en 4 ejes principales:


  • Remisión de intereses, multas y recargos del capital de deudas tributarias, fiscales y aduaneras;

  • Incentivos fiscales para la atracción de inversiones;

  • Normativa para la creación de vivienda de interés social; y,

  • Reformas a varios cuerpos legales, entre ellos la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones; y, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para la estabilidad y equilibrio Fiscal.


El proyecto de ley recibió el respaldo de las Cámaras de la Producción pero piden ampliaciones del acceso a los beneficios tributarios a pesar de que, la condonación de deudas en el sistema tributario favorecerá a los grandes deudores, pertenecientes a los 215 Grupos Económicos más grandes, mismos que representan menos del 1% de los contribuyentes y cuya deuda alcanza los 2.371,01 millones de dólares[1].


En cuanto al incentivo a las inversiones, el proyecto de Ley propone la exoneración de impuesto a la renta entre 8 y 15 años para nuevas inversiones en sectores priorizados como: la producción de alimentos frescos, congelados, industrializados, cadena forestal, agroforestal y sus productos elaborados; metalmecánica, petroquímica, farmacéutica, turismo, energías renovables, servicios logísticos de comercio exterior, biotecnología y software aplicados y los sectores de sustitución de importaciones y fomento de exportaciones y servicios. También se pretende incentivar la producción con exoneraciones del Impuesto a la Salida de Divisas para las nuevas inversiones productivas y exoneración del impuesto a la renta por 10 años para administradores u operadores de ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO (ZEDES), entre otras.


La única medida que favorece directamente a micro, pequeñas y medianas empresas es el incremento del 1% al 5% el techo de deducción para el cálculo del impuesto a la renta cuando se inviertan en: capacitación técnica, productividad y promoción comercial.


Al tratarse de una ley que pretende reactivar la economía ecuatoriana, se esperaría que el sector agropecuario, que representa el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera aproximadamente el 27% de empleo nacional, sea el sector priorizado dentro de los incentivos y reformas legales, dado los constantes desequilibrios económicos, sociales y ambientales a los que está inmerso. Sin embargo, la reactivación del agro permanece en la larga lista de espera para recibir atención de la política pública.


El proyecto sociopolítico y económico para el agro, durante los últimos 10 años, estuvo orientado a la transformación de la matriz productiva que consistía en fortalecer la presencia de los pequeños y medianos productores a lo largo de las cadenas de valor mediante los “encadenamientos productivos” para fomentar la agroindustria y la agro-exportación.


Los resultados son las constantes crisis coyunturales debido a la sobreproducción de los productos impulsados (maíz, arroz, cacao, banano, leche, entre otros), la volatilidad de los precios de estos productos y, la excesiva intermediación y control por parte de las grandes industrias sobre el mercado. A esto se suma, las deudas acumuladas por la adquisición de paquetes tecnológicos que se impulsaron desde el ministerio del ramo vinculado a los créditos públicos. En otros casos, los productores acumulan deudas por el acceso a la política del Plan Tierras que consistió en la venta de las haciendas en manos del Estado a precios comerciales.


A pesar de que el contexto internacional de reversión de los términos de intercambio globales entre materias primas y bienes manufacturados afectó directamente al Ecuador, los sectores exportadores, sobre todo de banano, cacao y flores, gozan de buena salud económica, no así los proveedores, los pequeños y medianos productores. Otro factor externo negativo fue el ingreso de productos de Perú y Colombia vía contrabando debido a la saturación del mercado de estos países por los efectos del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, afectando los precios de productos como la leche, cebolla.


La Minga Nacional Agropecuaria y el reciente Acuerdo Nacional por el Agro muestran sus limitaciones prácticas para resolver estos problemas. Frente a esta situación, siguiendo el mismo orden de ideas de la propuesta del proyecto de ley económico urgente, es necesario revisar detalladamente los beneficiarios de las medidas económicas propuestas. A continuación, presento algunos elementos a considerarse dentro del proyecto de ley para la reactivación del sector agrícola:


  • Revisión y condonación de deudas que mantienen los pequeños productores con la banca pública, mismos que no pudieron ser cancelados debido a la pérdida de las cosechas por la mala calidad de las semillas y los efectos de los pesticidas y fungicidas que fueron entregados como parte del Plan Nacional de Semillas, así como la pérdida de cosechas por efectos climáticos.

  • Auditoría del Plan Tierras y condonación de deudas que mantienen las asociaciones de productores con la banca pública, debido a la venta de las haciendas incautadas a la banca cerrada por el Estado a precios elevados, mismas que no contaron con el apoyo estatal para el fomento productivo.

  • Recordemos que el Estado, ya en abril de 2015, perdonó los intereses, multas y recargos a 21 impuestos, dejando de cobrar alrededor de 703 millones de dólares; con una nueva condonación se está dejando el mensaje al evasor de continuar con la cultura de la evasión y elusión tributaria[2]. Por justicia económica, los pequeños y medianos productores agrícolas que no son beneficiarios de la remisión de intereses, multas y recargos del capital de deudas tributarias, fiscales y aduaneras, se debería dar por lo menos la oportunidad de revisar las deudas con la banca pública y la posibilidad de perdonar estas deudas dadas ciertas condiciones.

  • La producción agrícola a pequeña escala opera a pérdidas y está subsidia por la mano de obra, en estas condiciones resulta inviable las inversiones de capital y por lo tanto atenerse a los incentivos fiscales que oferta el proyecto de ley. En tal caso, dicho proyecto debería institucionalizar un Plan Nacional de Fomento Agropecuario que fortalezca el papel de los GADS en la producción agrícola, almacenamiento, transformación y comercialización; definir la acciones estatales para el control del funcionamiento del mercado, entre las que constan: apoyo a propuestas de comercialización o transformación asociativa de los productos, asegurar la participación de los productores campesinos en compras públicas, revisión del funcionamiento de la Unidad Nacional de Almacenamiento, regulación de precios y limitar los negocios inclusivos que consisten en el encadenamiento de la producción campesina a la gran industria, misma que controla el mercado y, por ende los precios. [NT1] [ZL2]

  • Finalmente, es necesario reformas legales a las normativas y políticas del agro, tales como: el Proyecto Nacional para el Desarrollo Integral de Cadenas Agroindustriales, normas fitosanitarias y acuerdos comerciales internacionales que restringen el acceso a los mercados de la producción campesina. Más adelante, para una verdadera reconversión del agro es necesario reformas a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que limite la extranjerización de la tierra y garanticen el acceso para los pequeños productores; reformas de la Ley de Aguas y su reglamento dirigidas a garantizar un acceso equitativo al agua, priorizando el consumo y la producción de alimentos para el mercado interno de alimentos; y, revisión de la Ley de Semillas en consonancia con la resolución de la Corte Constitucional que declara inconstitucional el ingreso de semillas transgénicas.

* Autor: Nathaly Torres es analista en temas económicos y desarrollo territorial rural. Fotografía: Freddy Coello.


[1] Tomado del Servicio de Rentas Internas, Corte: 09 mayo de 2017. Disponible en http://visoresestadisticos.sri.gob.ec/qap/single/?appid=960cb878-8f59-417e-800e-29f941e2b671&sheet=d4c8b0f3-271f-45e4-9bf3-f02bdd8f2a8a&lang=es-ES


[2] Fuente: Servicio de Rentas Internas año 2015, citado en Gustavo Reyes (Mayo de 2018), Análisis del Proyecto de Ley Económico Urgente.


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